La Asociación Usuarios de la Zona Franca de Iquique (AUZ) está solicitando al Contralor General de República proceda a revisar dicho acto administrativo y declare que la Circular N° 391/2023 DNO del 26 de mayo de 2023, emanada de la Subsecretaría de Transporte «adolece de un vicio de ilegalidad, y que por tanto ordene su anulación o, lo que en Derecho, corresponda».
La presentación de la AUZ ingresada ayer está firmada por el Gerente gremial Dario Blanco, quien afirma que debe primar en este caso la Ley Nº 20.122, promulgada el 11 de septiembre del año 2006, que incorpora en el DFL N°2, el siguiente artículo 34: “Artículo 34.- Los vehículos usados, livianos y medianos, internados al país bajo el régimen de Zona Franca de Extensión, estarán exentos de cumplir las normas de emisión que hayan entrado en vigencia con posterioridad al 31 de mayo de 2006, cualquiera sea la fecha de su primera inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados”.
Por otra parte – indica Darío Blanco – que así se evitará que la citada Circular N° 319/2023 que instruye a los Secretarios Regionales Ministeriales para que no cometan un acto ilegal, contraviniendo texto expreso, al impedir que vehículos que no cumplan con las reglas de emisión contempladas en dicho instrumento se les prohíba la internación al país, violentando con ello lo dispuesto en el Artículo 34 del citado D.F.L. 2.
Blanco indicó que la citada circular de Transportes y Telecomunicaciones que instruye el cumplimiento de la norma de emisión de gases a vehículos de importación directa generó un grave problema a los empresarios del rubro, donde hay preocupación por el futuro del negocio.
Es tal la preocupación de los empresarios que se anunciaron movilizaciones en el rubro automotriz de ZOFRI.
Desde la parte gremial la Asociación Usuarios de la Zona Franca de Iquique (AUZ) solicitó al Contralor General de República proceda a revisar dicho acto administrativo y declare que la Circular N° 391/2023 DNO del 26 de mayo de 2023, emanada de la Subsecretaría de Transporte adolece de un vicio de ilegalidad, y que por tanto ordene su anulación o, lo que en Derecho, corresponda.